UEPAL congrega en Algueña a expertos junto al director general de Desarrollo Rural de la Generalitat

El sector agrícola pide el desarrollo del sistema de compensación de la huella de carbono a los recursos forestales y medidas de protección del paisaje

Expertos junto al director general de Desarrollo Rural de la Generalitat

El Foro de Desarrollo Rural y contra la despoblación de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, celebrado en Algueña (Medio Vinalopó), en el que se dan cita de expertos en materia de desplobación rural y desarrollo territorial ha concluido en la necesidad de generar una Carta de Derechos Ciudadanos que garantice el acceso a los servicios públicos en igualdad con los entornos urbanos.

En el Foro han participado expertos como Francisco Manuel Carrasco Valcárcel, primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Algueña;  David Torres, Director General de Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura; Celestino Falcó Cantó, Presidente de Bodegas Cooperativa de Algueña; Antonio Martínez Puche, Profesor del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante; David Bernardo López, Profesor del Máster de Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo de la UMH Elche;  María Miñano, Presidenta de la Ruta del Vino de Alicante; y Juan José Bolufer, Responsable del Área del Sector Público del Observatorio Económico de Alicante.

El presidente de UEPAL, Juan José Sellés, ha explicado que “las medidas de incentivos fiscales para potenciar el asentamiento de población en el ámbito rural son positivas, pero no suficientes. No habrá retorno de la población a municipios rurales hasta que no estén garantizados el acceso a servicios educativos, sanitarios y culturales como en el resto de las zonas urbanas”.

En este sentido se han manifestado Antonio Martínez Puche, profesor de Geografía Humana de la UA; y David López, profesor de Profesor del Máster de Agroecología, desarrollo rural y Agroturismo de la UMH, coincidieron en la idea de asegurar los servicios públicos. “Los incentivos fiscales animan y ayudan, pero lo que de verdad asegura que la población se instale definitivamente es el acceso a los servicios públicos. Es decir, que alguien de Algueña o de Lliber o desde cualquier municipio de estas características tenga asegurado un recurso básico como el sanitario a la misma distancia en tiempo que si viviera en una gran ciudad”, han comentado.

Además, consideran fundamental la necesidad de mejorar la conectividad telefónica y de internet para facilitar la llegada de empresas y profesionales. “Ha habido fuga de las grandes ciudades hacia municipios del interior, pero en muchas ocasiones ha habido un retorno al entorno urbano porque el sistema de comunicación era deficiente”, ha comentado Sellés.

Los expertos también reclamaron la articulación de un sistema de compensación de la huella de carbono para los recursos forestales y agrícolas, que les reporte ingresos vinculados a su contribución medioambiental. Al mismo tiempo, y en previsión de las futuras plantas de generación fotovoltaicas que se genera un sistema efectivo de protección del paisaje que atiende los suelos agrícolas más fértiles y productivos.

Retos del sector agrícola

Por su parte, los responsables vinculados al sector agrícola, principalmente vitivinícola, destacaron la recuperación tras la pandemia, con la recuperación del nivel de ventas y la mejora del turismo etnológico y rural.

No obstante, el reto es “lograr que esta situación no sea temporal, como reacción a la situación de pandemia, sino que se consolide”, apuntó el director general de Desarrollo Rural. Además, se mostró convencido de que la situación de pandemia “ha generado que muchas personas hayan conocido el valor de los entornos rurales y la calidad de vida excepcional que hay en muchos pueblos”, ha afirmado Torres.

Con la actual crisis, existe dificultades en la contratación de personal cualificado, tanto en el sector de la restauración como en el agrícola. Desde la Ruta del Vino como desde la Cooperativa se apuntó la necesidad de trabajar para cualificar y dignificar el trabajo agrícola, establecer marcos de control de precios que hagan rentables las explotaciones y nuevos modelos de ayuda en comercialización y promoción.   

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