El PP subraya que el fallo judicial corrobora la caótica gestión del PSOE que provocó la pérdida de 500.000 euros de fondos europeos
El juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha ratificado la indemnización del Ayuntamiento de Alcoy a la empresa encargada de rehabilitar las antiguas fábricas de El Molinar y que renunció a la obra por incumplimientos del Consistorio. La sentencia, dada a conocer por el Partido Popular de Alcoy, corrobora el informe del Consell Jurídic Consultiu que determinó que la paralización de los trabajos fue responsabilidad del Ayuntamiento y no de la empresa constructora. A consecuencia del bloqueo de las obras, el Ayuntamiento perdió 500.000 euros de fondos europeos.
La sentencia amplía ligeramente las cantidades que el Ayuntamiento, tras recibir el informe del Consell Jurídic Consultiu, acordó pagar el pasado mes de diciembre. El Gobierno autorizó entonces el abono de 61.868 euros: 32.861,44 euros correspondientes a la indemnización por el 6% del precio de adjudicación y 29.425,22 euros correspondientes a la devolución de la fianza depositada previamente por la empresa. La sentencia, no obstante, añade un nuevo pago de 3.332,87 euros en concepto de obras ejecutadas por la empresa en octubre de 2019, antes de la paralización del proyecto. A los 62.454,09 euros que indica el fallo judicial hay que añadir los intereses de demora y los gastos de cobro.
La portavoz adjunta del PP, Lirios García, sostiene que la última sentencia constata la “nefasta y caótica” gestión del Gobierno local, del PSOE. García apunta que la concejal de Patrimonio Histórico, Lorena Zamorano, cuestionó el pasado enero el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Las tesis del órgano consultivo las avala ahora un juzgado. “Zamorano es una experta en echar balones fuera, pero después de once años en el gobierno debería empezar a asumir responsabilidades, porque su gestión nos sale muy cara a los alcoyanos”, manifiesta. García lamenta que Zamorano se llegase incluso a jactar públicamente de la posibilidad de incautarse de la garantía de la empresa, a la que pretendía responsabilizar de la paralización de las obras. “La realidad es que tenemos que indemnizar a la empresa, tenemos una nueva condena en contra del Ayuntamiento y hemos perdido 500.000 euros de subvención europea. No se puede hacer peor”, recalca la edil del PP.
Como apunta García, el Gobierno del PSOE anunció el proyecto en enero de 2018. Las obras debían finalizar en abril de 2019. El proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2020. Ninguno de ellos fue cumplido.
Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que motivó la rescisión del contrato. Tanto el CJC como el juzgado determinan que la responsabilidad fue del Ayuntamiento, con el consiguiente pago de la indemnización y la devolución de la garantía.
